El sexenio de desgobierno de Escandón Cadenas significó para la población de Chiapas y el movimiento popular organizado en aumento de la violencia a raíz del conflicto entre carteles de la droga, con la aquiescencia del Estado burgués, para desmovilizar a la masas, someter a sus organizaciones y despoblar nuevos territorios (25 mil desplazados en Chiapas, de los que 15 mil, son debidas a la guerras del narco de los últimos años de la gobernatura de Escandón, según señala el Centro de Derechos Humanos Frayba) susceptibles así de ser colonizados por el neoliberalismo camuflado por las políticas propagandísticas de la 4T.
El Gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar (ERA) inició su camino con falsas promesas de combate a la delincuencia organizada y la irrupción de grupos pseudo policiales, como los Pakales, que pronto reflejaron que su verdadero objetivo es el desmantelamiento del ya de por sí golpeado movimiento popular.
Las declaraciones de ERA tildando a las organizaciones sociales de delincuentes fue una verdadera declaración de guerra, como ya había demostrado de facto en la primera actuación de sus fuerzas parapoliciales en su natal Comitán, que, sin embargo, significó un repunte del movimiento popular que retomó el único camino viable para evitar su destrucción: el Frente Único.
Las organizaciones sociales más combativas formaron la Coordinadora de Organizaciones Independientes de Chiapas (COICH) y combatieron la fascistización del régimen de la nueva ERA donde se combate al fascismo: en la calle. La marcha de los 10 mil en Tuxtla, el 10 de abril de 2025 conmemorando el natalicio del General Zapata, significó un punto de inflexión para el movimiento popular que consiguió sentar al gobierno estatal en una negociación que supuso una paz de compromiso que permitió un crecimiento paulatino del Frente Único y una desaceleración en la fascistización del régimen del autollamado Jaguar Negro.
En esta nueva coyuntura, el Estado burgués morenista, en su combate contra el pueblo de Chiapas, ha retomado las viejas estrategias del pasado sexenio, reduciendo la presencia de sus fuerzas represoras para sustituirlas nuevamente por los paramilitares de la delincuencia organizada – amparadas en ocasiones por sus propios agentes – especialmente en los Municipios de Tila, Chenalhó o Pantelhó, o retomando el control social, como en los Municipios de Comitán o Frontera Comalapa.
En este nuevo escenario híbrido con represión puntual del gobierno burgués o de sus aliados delincuenciales, el movimiento popular chiapaneco se va abriendo paso lento pero inexorablemente. Y en el horizonte se dibuja cada día más la intervención gringa de Trump en su pseudoguerra contra el narcotráfico.