El reciente revés judicial que impidió frenar el uso de maíces transgénicos en México es una prueba más de que las políticas internacionales del actual gobierno no protegen realmente los intereses de la población. A pesar de las reformas promovidas por Claudia Sheinbaum, la administración de la 4T ha mantenido una postura de medias tintas, demostrando su subordinación a las grandes agroindustrias y a los intereses del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El uso de organismos genéticamente modificados (OGM) no responde a la necesidad de mejorar la alimentación del pueblo, sino a la lógica del máximo beneficio económico de corporaciones como Bayer-Monsanto y Syngenta. En el caso del maíz, los transgénicos representan una amenaza directa a nuestras variedades nativas, que han sido cultivadas durante milenios por los pueblos originarios y campesinos del país. Además, la introducción de estas semillas impone una dependencia tecnológica a los productores, quienes deben comprar cada temporada semillas patentadas y los agroquímicos asociados, encareciendo la producción y profundizando la crisis del campesinado pobre y medio.
Desde la salud pública, existen más de 700 estudios científicos que advierten sobre los efectos nocivos del consumo de transgénicos. Investigaciones como la del Instituto de Biología de la UNAM han demostrado que la exposición a estos alimentos puede causar toxicidad en órganos vitales como el hígado y los riñones, además de afectar la microbiota intestinal y provocar reacciones alérgicas. Asimismo, estudios internacionales, como los del Instituto Ramazzini en Italia, han alertado sobre la posible relación entre el glifosato—herbicida asociado a los OGM—y el desarrollo de cáncer y daños al sistema endocrino.
Este punto debe ser modificado en las renegociaciones del T-MEC, pero la política de sumisión de la 4T hacia Estados Unidos y las grandes corporaciones agroindustriales hace evidente que no se garantizará la seguridad y soberanía alimentaria en México.
Frente a esta ofensiva, la única respuesta posible es la organización social de los campesinos y del conjunto de las masas populares. La Cuarta Transformación ha intentado condenarnos a la desmovilización, pero es momento de que los campesinos pobres y medios se organicen en defensa de sus tierras, semillas y formas de producción. La lucha por la soberanía y seguridad alimentaria sigue siendo una profunda demanda de la población y nos queda claro no será ganada en los tribunales ni en las oficinas gubernamentales, sino en las calles y en el campo.
