La política de gobierno ante las organizaciones sociales en Oaxaca

En Oaxaca, actualmente estamos en el segundo año de administración de Salomón Jara, el equipo morenista de la autodenominada “Primavera Oaxaqueña” que desde sus inicios generó expectativas de cambios en la administración pública. Desde la llegada de la actual administración hubo cuestionamientos sobre el gabinete nombrado, pues entre los funcionarios anunciados se encontraban represores del 2006, personajes acusados de violencia de género, ex gabinistas y ex priistas que representan cuotas de negociación que el equipo de Salomón negoció para llegar al poder.

A dos años de gobierno, la violencia, los feminicidios, la continuación de agresiones a defensores y el incremento de la inseguridad como lo han evidenciado diversos organismos de derechos humanos es preocupante.

En el plano de la institucionalidad y el desarrollo de los megaproyectos los cuales habían tenido resistencia de las comunidades, a la llegada de AMLO y con la actual administración fueron encapsuladas o vencidas; de tal manera que en el Istmo el Corredor Interoceánico y los polos de desarrollo son una realidad que con dinero o bala fueron impuestos; los proyectos mineros siguen latentes. En ese mismo contexto nos encontramos con el avance del Corredor Zapoteca anteriormente llamado libramiento sur.

La propuesta del programa de certeza jurídica para la tierra que incentiva la venta y privatización de tierras ejidales puso al descubierto la política entreguista de la 4T en Oaxaca a manos de empresarios nacionales e internacionales, la reacción social de autoridades ejidales, organizaciones sociales y defensores logró que momentáneamente se detuviera.

Una vez culminado el proceso electoral y con la mayoría de los espacios ganados por Morena, podemos afirmar que acudimos a una elección de Estado el 2 de junio pasado, y la victoria electoral de Morena en Oaxaca ha hecho que el gobierno asuma una actitud de soberbia.

Un elemento a valorar es la política anti organizaciones que desde el inicio de la administración se evidenció con las declaraciones públicas del gobierno del estado que ponían al centro del desfalco al erario a las organizaciones, creadas supuestamente por el priismo o que se les daba manga ancha, que “Solo iban a tener trato con las que ellos consideraran serias y con proyecto político” A la par de eso, vimos en varias ocasiones la utilización de la fuerza pública e incluso grupos de golpeadores para desalojar manifestaciones que pedían solución a diversas demandas.

Se observa una política de Estado de divisionismo del movimiento popular en Oaxaca, los actuales administradores siguen utilizando la cantaleta de provenir del movimiento popular en Oaxaca y es con ese discurso que cooptan, amenazan, emplazan o dividen a los esfuerzos por reorganizar a las organizaciones en Oaxaca.

Por el contexto abordado, se hace necesario analizar de manera profunda la situación actual, crear espacios necesarios para debatir que hacer, hacia donde caminar con el conjunto de las organizaciones del movimiento popular en Oaxaca.