A iniciativa del Gobierno que encabeza Salomón Jara, el 29 de agosto se dio a conocer el decreto emitido por el Congreso del estado de Oaxaca en el que el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) se cambia a organismos públicos descentralizados de carácter estatal.
El decreto de Salomón Jara afecta directamente a los trabajadores de la UNSIS, NOVAUNIVERSITAS, la UTM, la Universidad del Papaloapan y la Universidad de la Sierra Juárez.
Trabajadores de diversas sedes han mostrado preocupación e incertidumbre pues advierten: vulneración de derechos adquiridos, ausencia de diálogo y consulta, afectación directa a la comunidad universitaria, concentración de toma de decisiones de manera absoluta y discrecional.
En el decreto gubernamental no se reconocen derechos adquiridos a través de la antigüedad en el trabajo y el nivel académico adquirido; además de no se menciona la situación de trabajadores administrativos.
En el apartado de los estudiantes, se limita el papel de los estudiantes a las normas y disposiciones legales que las universidades establezcan, sin reconocimiento de voz y voto en las decisiones fundamentales de las instituciones.
Dos hechos alarmantes para los trabajadores son: 1.- El nombramiento de los rectores que en el decreto dice: “que será nombrado y removido libremente por la persona titular del poder ejecutivo del estado de Oaxaca” y 2.- Referente a la junta de gobierno quien será la máxima autoridad de las universidades estará integrada por: el titular de la SEP, el rector, el secretario de administración, el secretario de finanzas, la secretaria de las mujeres y titulares de otras dependencias.
Es decir, que las decisiones de las universidades públicas estarán sujetas al mandato del gobierno del estado y no de la comunidad universitaria de cada institución, esta situación pone en alerta a la comunidad universitaria pues se vulnera la autonomía de las universidades públicas, la injerencia de Estado es total y no existe certeza laboral.
La preocupación fundamental es que ocurra lo mismo que con los trabajadores administrativos del Estado, quienes por decreto fueron despedidos sin cortapisas y sin considerar el contexto existente en cada caso.
Días después de la emisión del decreto, de manera discrecional el gobernador nombró a los rectores de las universidades por lo que este decreto reafirma que mientras los trabajadores no se organicen, van a seguir siendo víctimas del Estado y los intereses de la clase en el poder, por ello el llamado es a considerar un análisis amplio de las consecuencias tanto al gobierno actual que pretende por intereses políticos recuperar la rectoría de dichas universidades y que por consecuencia los trabajadores asumen una actitud sumisa ante la violación de sus derechos.