Ante el anuncio de la ampliación del importante Boulevard 2000, que contemplaba la ampliación de los carriles de esta vía que corre desde la entrada este a Tijuana en la colindancia con Tecate hacia Playas de Rosarito; generó un rotundo rechazo cuando se supo que esa ampliación implicaba el pago por su uso, es decir, la privatización.
El rechazo popular se amplió y el llamado a consultar previamente se generalizó. Incluso algunos diputados de Morena se vieron obligados a pronunciarse a favor de la consulta.
La campaña informativa creció y se cumplieron los requisitos de ley para solicitar la consulta, el más difícil, recabar más de 16 mil firmas de ciudadanos avaladas con su clave del INE, que deben de ser cotejadas y desechadas si se considera que no se parece la firma de la credencial con la del formato. Sorteando muchísimos obstáculos se logró y sobradamente se entregaron más firmas que las mínimas que marcaba la ley.
El Instituto Estatal Electoral de Baja California procedió a revisar la solicitud después de cotejar los miles de firmas, y en sesión plenaria, después de revisar los dictámenes del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el Congreso del Estado y grupos empresariales; falló en contra de la consulta.
Destaca la intervención de la gobernadora ante la vendida UABC, que una semana antes entregó un documento donde considera procedente y trascendente la consulta popular, opinión que estaba respaldado por un dictamen técnico. Pero luego de que el Congreso emitiera su opinión en contra, rápidamente la UABC cambió su dictamen y declaró que consultar al pueblo no era trascendente.
Se estima que 1, 200 millones de pesos que se invertirán con la obra, después del cobro por el uso de carriles de paga, recuperarán con creces lo invertido, se calcula que 15 a 20 mil millones en 30 años. Con esta medida se dividirá a los usuarios entre los de “primera” que pueden pagar por el tránsito, y los de “segunda” que deben seguir usando los carriles comunes.
Los promotores de la consulta, agrupados en el Colectivo por el Plebiscito han declarado que seguirán la lucha, impugnando legalmente ante instancias superiores el fallo antipopular del IEE, además de seguir denunciando y recolectando firmas para ampliar el apoyo a la consulta.
No está demás señalar que la mayoría de medios de comunicación han guardado silencio ante esta maniobra, o con el pretexto de informar le dan voz sólo a los voceros del gobierno que promueven la privatización.
Este boicot a la consulta es un ejemplo más del gobierno neoliberal de la 4T en Baja California, que lejos de resolver el grave problema de movilidad de la Ciudad de Tijuana, aprovecha para hacer negocios.