Son las expresiones más visibles de las contradicciones del modo de producción capitalista que en su fase imperialista en primer lugar la contradicción entre el capital nacional dependiente y el capital imperialista se manifiesta en la subordinación de nuestras fuerzas productivas a inversores extranjeros.
El Estado mexiquense ofrece exenciones fiscales a gigantes como Nestlé, Bayer, Pfizer o General Motors bajo el discurso de un “desarrollo con sentido social”, vaciando al mismo tiempo las arcas municipales para transferir recursos públicos al capital foráneo. Dando como resultado la protección e impunidad para empresas transnacionales, uso del aparato estatal para garantizar sus intereses, y corrupción como forma de lubricar esas alianzas. En segundo término, la contradicción entre la clase trabajadora y la burguesía burocrática ha convertido al Estado en un instrumento al servicio de una oligarquía financiera. Funcionarios, jueces y cúpulas sindicales tejen redes clientelares para enriquecerse, compran votos y criminalizan la protesta social, asegurando así impunidad frente a cualquier denuncia. Esa impunidad se extiende hasta las decisiones de “modernizar” infraestructura urbana: la reparación de baches y luminarias se concentra en corredores industriales, mientras barrios populares carecen de servicios básicos; ferias de empleo promueven puestos mal pagados y sin derechos, subordinando a la juventud a salarios de miseria. El discurso dominante insiste en aislar la “corrupción” como un mal individual, desviando la atención de su raíz de clase. Para la burguesía, el Estado es un guardián de la propiedad y el capital; sus crisis las “regula” aplastando a la clase trabajadora. Por ello, cualquier intento de combatir la corrupción sin cuestionar el sistema económico se reduce a simple reformismo.
A lo anterior, en el Estado de México se suma el problema del crimen organizado. El gobierno actual a pesar de montar pesquisas para funcionarios ligados al narcotráfico e intentar limpiar en el sur del estado las redes de extorsión y extracción de recursos de la población a costa del impuesto narco que se agrega a todas las mercancías básicas para la sobrevivencia del pueblo; mantiene como intocables a los jefes de la mafia y a los presidentes municipales y demás funcionarios que sirven estratégicamente para el control de territorios. Las comunidades, observan una especie de acuerdos entre narco y gobierno para mantener intacta su estructura a cambio de generar una apariencia de combate al crimen organizado.
La protección, impunidad y corrupcion se da en diferentes escenarios y se brinda a la delincuencia ilegal y la legal representada por los empresarios; por lo que estamos seguros de que la única salida real reside en la organización revolucionaria de estudiantes, trabajadores y campesinos. Solo un frente único de la clase trabajadora que denuncie al Estado como aparato de la burguesía, enlace las luchas locales con la resistencia antiimperialista global y proponga la nacionalización democrática de recursos, podrá transformar el Edomex de zona de sacrificio capitalista en territorio de emancipación popular.