A mitad del periodo de Gobierno estatal de Baja California (BC), los problemas pendientes para el pueblo no solo se acumulan, sino que se agravan y otros nuevos surgen.
Fue muy difícil ocultar la protección de policías municipales de Mexicali a una caravana de narcotraficantes, evidenciada con fotografías y videos donde se identifica hasta los números de patrullas. O el secuestro de un comerciante de madera en Tijuana y su hijo de 4 años, dando nombres y apellidos de los policías municipales que lo secuestraron, torturaron y extorsionaron.
En este último periodo destaca también el homicidio de una representante de pescadores en Ensenada, quien venía denunciando extorsión a su gremio desde semanas atrás; el feminicidio de Paola Bañuelos en Mexicali, quien pudo ser localizada (sin vida) mediante la movilización y denuncia en redes, con la doble criminalización de la Fiscal estatal que ante el hecho, recomendó “no viajar solas”. En la misma lista, el asesinato del activista triqui defensor de derechos humanos en San Quintín, Eugenio Martínez Cruz, quien fue acribillado y heridas otras dos personas a menos de 50 metros del cuartel de la Guardia Nacional.
Y además de estos crímenes, las manifestaciones de organizaciones se mantienen y siguen, como la de los pobladores del Maclovio Rojas en Tijuana por la regularización de la tierra y otras promesas incumplidas del gobierno; asimismo las protestas y bloqueos en Tijuana y Mexicali de trabajadores de Didi por las extorsiones de verificadores. Y la más consistente, de parte de la CNTE-BC, con la toma de las oficinas del sistema educativo por una semana, por pagos faltantes, represión y otros pendientes.
También se agregan las muertes por “golpe de calor”, derivadas de la pobreza e inhumanas condiciones de trabajo; estas muertes ya suman por lo menos 24 reconocidas oficialmente. Evidentemente que en este tipo de muertes no están nunca personajes de la burguesía, siempre son trabajadores, personas en situación de calle y de otros sectores depauperados.
Y mientras todo esto pasa, la descomposición política se expresa en pleitos interMorena, por la sucesión en varios cargos de quienes no se han alineado con los grandes intereses que gobiernan, los nuevos reacomodos y las disputas por mantener áreas bajo su control; resaltando el pleito entre la saliente presidenta municipal de Tijuana frente a regidores salientes que representan los intereses del grupo del PAN- Morena de la gobernadora.
Como actualización, pero también como clara evidencia de la política de gobierno, el aumento en el transporte de Mexicali, que se disfraza de un “ajuste” por el aumento al salario mínimo.